El 28 de mayo, Día de la Higiene Menstrual, recordamos que la salud menstrual segura y accesible sigue estando lejos de alcanzarse para muchas mujeres, niñas y personas de género diverso en todo el mundo.
La salud menstrual se ha planteado durante mucho tiempo como un problema de higiene en lugar de como una cuestión de derechos, poder y desigualdad estructural. Replantearla como una cuestión de derechos es el primer paso para abordar por qué, a día de hoy, tantas personas en todo el mundo siguen sin poder gestionar su menstruación de forma segura y digna. Hay tres fallos interrelacionados, en las políticas, la responsabilidad corporativa y la persistencia del estigma, que perpetúan esta injusticia. Comprenderlos es la única forma de desmantelarlos.
Fracasos en las políticas
Los gobiernos tienen el poder de hacer que los productos menstruales sean accesibles, y aún así son demasiados los que han optado por no hacerlo. En toda América Latina y el Caribe, África y Europa, los productos menstruales siguen estando sujetos a impuestos que los clasifican como artículos de lujo en lugar de como necesidades básicas. En su mayoría, quedan excluidos de la provisión de salud pública en escuelas y clínicas, y están ausentes de los marcos nacionales de educación en salud sexual y reproductiva.
En Venezuela,por ejemplo, un paquete de tampones puede costar hasta tres meses de salario básico. En la República Dominicana, el 20 % de las niñas de las zonas rurales faltan de 2 a 3 días a la escuela cada mes debido a la falta de acceso a productos sanitarios. Incluso en lugares donde se han eliminado o reducido los impuestos, como Kenia, Francia y Colombia, los recortes no siempre se han traducido en precios más bajos o un mayor acceso a los productos. Esto es especialmente relevante para las mujeres, las niñas y las personas que menstrúan que más los necesitan, ya que las condiciones estructurales que provocan la inaccesibilidad económica siguen sin abordarse.
Escocia sigue siendo el único país del mundo que proporciona productos menstruales gratuitos de forma universal. La brecha entre lo que es posible y lo que hacen los gobiernos es una elección política, y sus consecuencias recaen íntegramente sobre quienes menstrúan.
Estas consecuencias son graves. Cuando las mujeres, las niñas y las personas de género diverso no pueden permitirse o acceder a los productos menstruales, el daño va más allá de los días de colegio perdidos. Tal y como documenta la Biblioteca Nacional de Medicina, en Kenia y en toda el África subsahariana, algunas niñas y mujeres jóvenes se ven obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de los productos que necesitan. Se trata de una relación directa entre la pobreza menstrual y la violencia de género que, con demasiada frecuencia, se omite en las políticas y el debate público. La pobreza menstrual, en este sentido, es una puerta de entrada a través de la cual se violan otros derechos.
Irresponsabilidad corporativa
Los fallos políticos de los Estados se ven agravados por la irresponsabilidad de las empresas que fabrican productos menstruales. La mayoría de las compresas higiénicas comerciales están fabricadas con materiales sintéticos como polietileno, polipropileno, polímeros superabsorbentes, colorantes y fragancias que entran en contacto íntimo y prolongado con la piel.
Una revisión sistemática de 2024 publicada en el British Journal of Obstetrics and Gynaecology confirmó la presencia de sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, entre ellas ftalatos, compuestos orgánicos volátiles, dioxinas, parabenos y sustancias químicas de fragancias, en tampones y compresas. Esto significa que las sustancias químicas se absorben sin pasar por los mismos procesos metabólicos que en otras vías de exposición. Por ello, las consecuencias para la salud no son teóricas: las investigaciones relacionan una exposición elevada a los ftalatos con alteraciones en los ciclos menstruales, trastornos de la función ovárica, endometriosis y resultados adversos en el embarazo. Una persona menstruante media está expuesta a estos productos durante aproximadamente 1.800 días a lo largo de su vida. Sin embargo, en la mayoría de los países, los fabricantes no están obligados a revelar qué contienen sus productos. Como afirma la activista feminista por la salud Helen Lynn: «Las mujeres y las personas que menstrúan necesitan una mayor concienciación y una legislación firme que las proteja de estos efectos nocivos, garantizando que los productos utilizados en las zonas íntimas sean seguros y estén libres de sustancias peligrosas».
Las agencias reguladoras de diversas regiones ya han clasificado ciertos ftalatos como sustancias de muy alta preocupación y los han prohibido en los juguetes infantiles, pero no existe una norma equivalente para los productos menstruales que entran en contacto con algunos de los tejidos más absorbentes del cuerpo.
Las mujeres y las niñas tienen derecho a saber qué están utilizando. Pero, lo que es más importante, tienen derecho a productos que no les causen daño.
Las mujeres, las niñas y las personas de género diverso tienen derecho a saber qué contienen los productos que utilizan. Cuando se oculta esta información, las personas que sufren múltiples formas de opresión se enfrentan a un riesgo adicional para la salud, además de la pobreza, el estigma y la violencia con los que ya tienen que lidiar.
Del mismo modo, las consecuencias medioambientales de estos productos perpetúan el ciclo de irresponsabilidad corporativa. La mayoría de las compresas comerciales no son biodegradables y tardan entre 500 y 800 años en descomponerse. En comunidades sin infraestructura hídrica, algo que ocurre de manera desproporcionada en el Sur Global, acaban en cursos de agua y suelos agrícolas, contaminando directamente las fuentes de agua de las que depende una higiene menstrual segura. Según Development Aid, en Kenia, las compresas usadas que se desechan sin instalaciones de eliminación adecuadas acaban en los cursos de agua, degradando el entorno de las mismas mujeres y niñas que no pueden permitirse o acceder a alternativas.
Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, estas violaciones son inaceptables. Las empresas que fabrican y distribuyen productos menstruales deben abordar su impacto diferencial en las mujeres y las niñas mediante normas de seguridad coherentes, la divulgación transparente de los ingredientes y la rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de producción y eliminación.
El estigma de la menstruación
Bajo los fallos políticos y la irresponsabilidad corporativa se esconde el estigma que enmarca la menstruación como «vergonzosa», «sucia» y exclusivamente «privada». Este estigma se utiliza activamente como arma. Se emplea para justificar restricciones a las actividades de las mujeres, imponer el control doméstico y excluir a las niñas de la educación y la vida pública. Este estigma determina lo que los gobiernos están dispuestos a legislar, lo que las empresas están obligadas a divulgar y lo que las comunidades están dispuestas a exigir. En muchos países, las personas que menstrúan gestionan su periodo en secreto, sin información adecuada ni instalaciones seguras. Tampoco tienen la seguridad de que sus experiencias se reconozcan como una cuestión de derechos en lugar de asuntos personales y privados. Por eso la salud menstrual no puede reducirse únicamente al acceso a los productos. Desmantelar el estigma forma parte de la transformación estructural que debe ir acompañada del acceso a los productos, una regulación transparente y una gobernanza responsable.
En todo el mundo, las organizaciones feministas llevan mucho tiempo exigiendo que el acceso a los productos menstruales sea una cuestión de derechos humanos, que el silencio en torno a la menstruación ha creado un estigma perjudicial y que la salud y los derechos menstruales requieren una transformación estructural.
En Women’s Link, trabajamos junto a estos movimientos de base a través de litigios estratégicos, alianzas feministas y trabajo de incidencia transregional. Esto incluye intervenir ante tribunales nacionales y regionales para establecer y promover el derecho a productos menstruales seguros, el acceso a estos productos y el derecho a la transparencia de los ingredientes. En este Día de la Higiene Menstrual, reafirmamos que la salud menstrual es salud sexual y reproductiva y una cuestión de justicia de género. Toda persona que menstrúa merece un nivel de seguridad y dignidad