Un tribunal federal de Argentina tramita la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014, en un proceso que involucra al ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien se encontraría en España y enfrenta cargos de asesinato.
Las protestas de 2014 representaron una de las mayores oleadas de movilización popular contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. Comenzaron en enero de ese año en la ciudad de Mérida y se extendieron por todo el territorio venezolano, impulsadas por el descontento ante la crisis económica, la escasez de productos básicos, los altos índices de criminalidad y la erosión de las libertades civiles.
El saldo fue de al menos 43 muertos, más de 1.000 heridos y 3.123 detenidos. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron la violencia y exigieron una salida pacífica al conflicto.
La GNB fue el cuerpo de seguridad con mayor presencia operativa durante aquellas jornadas. Según datos de la ONG Manifestar, más del 80% de las protestas reprimidas fueron pacíficas. Los agentes no solo emplearon equipos antimotines, sino también armas de fuego y sustancias tóxicas.
Solo el 12 de marzo de ese año, efectivos de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detonaron al menos 2.310 bombas lacrimógenas para contener una protesta. La GNB fue además el cuerpo con el mayor número de operativos represivos, tanto realizados de forma unilateral —97 casos registrados— como en combinación con policías nacionales, regionales y civiles armados.
Entre las víctimas de esa represión se encontraba Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años asesinada por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana en febrero de 2014 en el estado de Carabobo, mientras participaba en una manifestación.
Su madre, Rosa Orozco, es una de las víctimas representadas por la organización InterJust en el proceso judicial que hoy avanza en Argentina. El caso de Geraldin se convirtió en uno de los más emblemáticos de aquel ciclo de protestas, y su familia lleva más de una década en busca de justicia.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, declaró Orozco. “Cada avance legal, como este, es también un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”, indicó.
La causa que hoy apunta a Verdú Torrelles tiene su origen en junio de 2023, cuando InterJust presentó ante un tribunal federal argentino una denuncia penal contra 14 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas venezolanas de 2014.
El proceso se enmarca en la figura de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar delitos graves cometidos fuera de sus fronteras, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y los acusados. Rosa Orozco es una de las personas representadas por InterJust en ese expediente, que abarca a múltiples víctimas de la represión estatal de aquel año.
La cadena de acciones legales se aceleró a principios de este año. En febrero pasado, tras recibir información de InterJust que indicaba que Verdú Torrelles se encontraba en territorio español, el juez argentino a cargo de la causa dictó una orden de extradición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente el pedido a las autoridades españolas, y en marzo, el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.
El expediente se encuentra ahora ante el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 2 de la Audiencia Nacional, donde deberá resolverse si el ex coronel es entregado a la justicia argentina.
“Para las víctimas venezolanas, es la primera oportunidad real de ver cómo se lleva ante la justicia a un presunto autor de los delitos cometidos contra ellas”, afirmó Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, en un comunicado enviado a Infobae.
El abogado subrayó que una resolución favorable “pondría fin a años de impunidad y serviría como un recordatorio de que no debe haber refugio seguro para los responsables de crímenes internacionales”.
La represión de 2014 no fue un episodio aislado en la vida reciente de Venezuela. Aquellas jornadas sentaron las bases de una escalada sin antecedentes en la historia contemporánea del país: los sucesivos ciclos de protestas de 2017 y 2019 fueron igualmente reprimidos con violencia, y el régimen de Maduro mantuvo y profundizó sus mecanismos de control contra la población civil.
Frente a ello, la vía de la jurisdicción universal en tribunales extranjeros se consolidó como uno de los pocos caminos disponibles para las víctimas. InterJust instó a las autoridades españolas a cooperar plenamente con el proceso y a conceder la solicitud de extradición conforme a la ley, con el fin de que Argentina pueda proceder al juicio de Verdú Torrelles con pleno respeto al debido proceso y las garantías judiciales.