El Senado de la República aprobó este miércoles, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. La iniciativa busca fortalecer el marco normativo para el manejo de los residuos en el país.
La Ley 225-20 busca prevenir la generación de residuos y establece el régimen jurídico de su gestión integral, con la promoción de la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y valorización. También regula los sistemas de recolección, transporte, disposición final y valorización para garantizar el derecho a un ambiente sano, proteger la salud pública y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de residuos.
Tiene aplicación nacional y abarca todas las actividades, procesos y operaciones que generen residuos, incluida la importación. Quedan excluidos los residuos radioactivos.
Entre los principios generales de la ley figuran la gestión integral, la responsabilidad compartida entre los actores de la cadena de residuos, la responsabilidad extendida del productor y comercializador durante todo el ciclo de vida del producto, la minimización de la generación, el principio precautorio ante riesgos ambientales y el acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre la gestión de residuos.
La normativa crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de los Residuos (SINGIR), que funcionará como instrumento de coordinación interinstitucional y municipal en esta materia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asume la secretaría de este sistema junto a otros ministerios y entidades municipales.
Entre sus funciones están la coordinación de políticas, la generación de soluciones ante problemas sanitarios, el impulso de mercados de reciclaje y la consolidación de empresas sociales dedicadas al manejo de residuos.
La ley también establece la creación de un Departamento para la Gestión Integral de Residuos en el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de aplicar la normativa.
Los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales deben establecer planes municipales de gestión, aprobar ordenanzas para la clasificación y disposición de residuos, garantizar la prestación de servicios de recolección y recuperación de materiales, y promover campañas educativas sobre el manejo integral de residuos.
También deben fijar tasas, establecer sistemas de cobro y promover alianzas con microempresas y cooperativas para la gestión de residuos.
La ley asigna obligaciones a los generadores de residuos, que deben reducir la generación, separar los residuos en la fuente y apoyar los programas estatales para la gestión sostenible. También están obligados a pagar por los servicios de recolección y disposición, y a contratar gestores autorizados para residuos especiales o peligrosos.
Además, deben responder por los daños ocasionados al ambiente en caso de manejo inadecuado.
La normativa incorpora la elaboración de inventarios y diagnósticos de residuos como herramientas para la toma de decisiones de política pública, con información actualizada sobre la capacidad de la infraestructura y las necesidades para el manejo sustentable de los residuos. La confirmación de la aprobación de la normativa la confirmó el medio local Listín Diario y Grupo Telemicro.