La implementación de sistemas de control de velocidad media por tramos en autopistas, un régimen de licenciamiento gradual para conductores noveles y la creación de un fideicomiso especializado para financiar la seguridad vial y la atención al trauma figuran entre las propuestas planteadas por investigadores del Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode) para enfrentar la elevada siniestralidad vial en República Dominicana.
Las recomendaciones están contenidas en el informe “Siniestralidad vial en República Dominicana: un problema multifactorial”, elaborado por Greidys Joel Roa Chalas, coordinador de la investigación, y Lisleyda Martínez Polanco, investigadora asociada.
El estudio sostiene que los accidentes de tránsito han dejado de ser un problema exclusivamente relacionado con la movilidad para convertirse en una crisis de seguridad ciudadana y salud pública. Según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entre 2016 y mayo de 2026 se registraron al menos 30,522 muertes por siniestros viales en el país.
Solo en 2025, la tasa de mortalidad alcanzó 27.2 fallecidos por cada 100,000 habitantes. Además, el 36.9% de las muertes ocurrieron durante los fines de semana y el 48.5% se produjo en horario nocturno, principalmente en carreteras y avenidas. Los motociclistas concentraron el 74% de las víctimas mortales, con 1,945 fallecidos.
Durante el primer semestre de este año se contabilizaron 1,062 muertes por accidentes de tránsito. Entre las víctimas figura el periodista Joaquín Caraballo Martínez, en marzo, por un choque en motocicleta en el Distrito Nacional. Su muerte generó pesar en el ámbito periodístico, especialmente en la cobertura económica, donde era reconocido por su trayectoria profesional y cercanía con sus colegas.
Ante la persistencia de las altas cifras de mortalidad, los investigadores plantean avanzar hacia estrategias que trasciendan los mecanismos tradicionales de fiscalización. Entre las medidas sugeridas destaca la implementación de un sistema de control de velocidad media por tramo en las principales autopistas del país.
Explican que esta propuesta busca sustituir el efecto limitado de los radares convencionales mediante una tecnología que calcula la velocidad promedio de los vehículos entre dos puntos, incentivando una conducción constante y reduciendo los riesgos asociados a frenados bruscos.
Asimismo, el informe recomienda establecer un sistema de licenciamiento gradual para conductores menores de 25 años. El modelo contempla restricciones durante los primeros años de conducción, incluyendo limitaciones para manejar en horario nocturno sin supervisión y para transportar pasajeros adolescentes, con el objetivo de reducir la exposición al riesgo en el grupo de edad con mayores niveles de mortalidad.
El reportaje “Asfalto letal: el insostenible saldo humano y económico de la inseguridad vial”, publicado en elDinero, indica que, de las más de 2,976 víctimas por siniestro vial en 2025, más del 80% de las víctimas son hombres y cerca del 60% jóvenes entre 15 y 39 años, lo que evidencia el impacto socioeconómico y sanitario de la inseguridad vial en República Dominicana.
En el ámbito financiero, las autoras plantean crear un fideicomiso de seguridad vial y atención al trauma que permita destinar recursos provenientes de las multas de tránsito a la prevención y atención de víctimas. La propuesta surge ante la actual distribución de fondos establecida por la Ley 63-17, que asigna el 75% de lo recaudado por multas a la Procuraduría General de la República.
Según el informe, estos recursos podrían utilizarse para fortalecer unidades de trauma en hospitales provinciales y subsidiar equipos de protección para motociclistas, transformando las sanciones de tránsito en una fuente de reinversión directa en seguridad vial.
El estudio estima que la siniestralidad vial genera pérdidas equivalentes a más del 2.2% del producto interno bruto (PIB) anual. El impacto recae principalmente sobre la población joven de entre 20 y 34 años y sobre los usuarios de motocicletas, que representan el 57% del parque vehicular nacional.
El informe recalca que la problemática responde a una combinación de factores vinculados a la gestión de la movilidad, deficiencias de infraestructura, conductas de riesgo y debilidades en la fiscalización, por lo que consideran necesaria una intervención multisectorial urgente.
Reorganización operativa y modernización de datos
Otra de las recomendaciones consiste en una reingeniería de la fuerza de tarea encargada de la fiscalización vial, mediante una política de asignación de recursos basada en los horarios y zonas de mayor riesgo.
La propuesta plantea concentrar la vigilancia entre las 6:00 de la tarde y las 2:00 de la madrugada, así como durante los fines de semana, períodos en los que se registra la mayor letalidad. También sugiere focalizar los esfuerzos en cinco territorios que concentran casi la mitad de las muertes del país: Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega y La Altagracia.
El informe recomienda la creación de un Registro Único de Víctimas con trazabilidad tecnológica que permita integrar la información generada desde la llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 hasta el alta médica o la defunción de la persona afectada.
Los autores consideran que este mecanismo contribuiría a reducir el subregistro estadístico y a disponer de información más precisa para la formulación de políticas públicas orientadas a disminuir una problemática que, de acuerdo con los datos oficiales, continúa siendo la principal causa de muerte violenta en República Dominicana.