El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que la primera casa de cambio privada de Cuba está lista para iniciar operaciones como proyecto piloto, tras la aprobación del marco regulatorio que autoriza este tipo de entidades bajo licencia del Banco Central de Cuba.
Sobre las transformaciones cambiarias, Marrero aseguró ante los diputados reunidos en el Palacio de las Convenciones de La Habana: «Se aprobó el marco regulatorio para la autorización, bajo licencia del Banco Central de Cuba, de casas de cambio privadas. Se encuentra lista para iniciar sus operaciones como proyecto piloto la primera casa de cambio privada».
El gobernante no precisó el nombre de la entidad, sus propietarios, la ubicación, las tasas que aplicará ni la fecha exacta en que comenzará a prestar servicios.
Se trata de un paso sin precedentes en décadas dentro del sistema financiero cubano, donde el cambio formal de divisas había permanecido en manos de entidades estatales, principalmente la red de CADECA y los bancos comerciales.
La apertura de casas de cambio privadas fue incluida en el paquete de 176 transformaciones aprobado el 18 de junio en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional.
El programa contempla además una mayor participación del capital privado en la actividad bancaria, nuevos operadores privados de remesas y la creación de un mercado cambiario digital en tiempo real con operadores autorizados.
«Hay un tema que con estas transformaciones tenemos que seguir incrementando las medidas y las exigencias para resolverlo de una vez por todas, y es el analizado esta mañana sobre los problemas asociados al efectivo, que afecta sobre todo a personas más vulnerables», advirtió el jefe de Gobierno.
El primer ministro también cuestionó a quienes se niegan a aceptar pagos por transferencia, cobran comisiones por recibirlos o exigen billetes de alta denominación: «Tiene que haber más exigencia, más enfrentamiento y medidas en correspondencia con la gravedad de este asunto».
Marrero advirtió que el proceso entra ahora en su etapa «más importante y difícil»: garantizar la aplicación efectiva de las medidas, evaluar sus impactos reales y corregir a tiempo las desviaciones que surjan.
El anuncio llega en medio de una aguda crisis cambiaria. El dólar cotizaba alrededor de 673 pesos cubanos en el mercado informal este miércoles, frente a una tasa oficial del Segmento III de 601 CUP por dólar, después de haber alcanzado un máximo de 695 CUP en junio.
En ese escenario, Marrero denunció las prácticas de actores económicos que, según afirmó, agravan la escasez de efectivo y perjudican especialmente a las personas más vulnerables.
Esta realidad ha sido documentada en distintas partes del país. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se han registrado comisiones informales de hasta el 40% para convertir transferencias bancarias en dinero en efectivo.
En el balance general presentado ante los diputados, Marrero informó que, de las 121 transformaciones previstas para junio y julio, ya habían sido aprobadas 110, equivalentes al 90,9% del total planificado, mientras otras cinco avanzaban de manera parcial.
Entre los cambios destacados figura el Decreto 160, publicado el martes 28 de julio y con entrada en vigor prevista para el 4 de agosto. La nueva norma reduce de 125 a 79 las actividades prohibidas o condicionadas para el sector no estatal, al eliminar restricciones sobre 46 actividades y modificar parcialmente otras 36.
El Gobierno también informó que Cuba supera ya las 15,000 mipymes y cooperativas no agropecuarias autorizadas.
El redimensionamiento del aparato estatal implicará, según el medio oficialista Cubadebate, la eliminación de más de 92,000 plazas en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes.
El Gobierno sostiene que la mayoría de esas plazas se encuentran vacantes, pero no precisó cuántas están actualmente ocupadas ni cuántos trabajadores podrían resultar afectados.
Marrero reconoció que los prolongados apagones siguen siendo uno de los principales problemas del país. Según las cifras expuestas por el Gobierno, se han instalado 1,464 MW de capacidad mediante fuentes renovables, cuya participación en la generación eléctrica nacional se sitúa en el 13,8%.