El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció en un mensaje en sus redes sociales que denuncia el Estatuto de Roma, lo que implica la salida del Tribunal Penal Internacional (TPI). En el anuncio notifica al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la decisión tomada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sus motivaciones: “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
Desde hace tiempo el chavismo viene enfilando contra el TPI, donde está abierta una investigación por presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, como torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual, para la que más de 8.000 víctimas de persecución política han aportado sus testimonios. Según Plasencia, la institución “ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger” y denuncia un “lawfare” que, en su opinión, “perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
El Gobierno de Venezuela sigue los pasos de Estados Unidos, que atacó Caracas el 3 de enero y capturó al líder del chavismo, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Hace dos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un artículo publicado en The Wall Street Journal que Estados Unidos se había propuesto desmantelar el Tribunal Penal internacional, “ladrillo a ladrillo si es necesario”. “Esto es solo el comienzo. Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI”, escribió Rubio en ese artículo.
Caracas comparte con Washington, de acuerdo con analistas, el objetivo de asegurarse impunidad con la eliminación de una de las mayores instancias de justicia internacional. En el caso de Venezuela, por el largo historial de persecución política contra los opositores al chavismo y en el caso de Estados Unidos por sus operaciones militares en Irán o Gaza. También por los bombardeos a embarcaciones en el Caribe el año pasado, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que llevaron a la propia Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de Maduro, a exigir que fueran investigados por el TPI como ejecuciones extrajudiciales.
La denuncia al Estatuto de Roma no implica un retiro inmediato. Toma un año en hacerse efectivo, una vez es notificado de forma oficial el secretario general de la ONU. Durante ese lapso, el país sigue sujeto a cumplir sus obligaciones, incluida la cooperación en las investigaciones que se están adelantando. “Es bien lamentable, porque Venezuela formó parte de los países que redactó el estatuto y esto no ayuda en nada a que la justicia internacional se fortalezca”, explica Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. La medida no debería dejar en el limbo el expediente de Venezuela, que es el primer país de América Latina contra el que ha avanzado un caso en esta instancia.
El caso Venezuela I ya se topó con retrasos por las denuncias por acoso contra el fiscal Karim Khan, que llevaron a separarlo del procedimiento y han acabado en su destitución este mismo jueves. La salida del país no afectaría ese proceso. “Tenemos el caso del expresidente filipino Rodrigo Duterte, que también denunció al Estatuto de Roma y actualmente está siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional”.
Aunque el chavismo intentó retrasar por varias vías el inicio de la investigación, hace dos años los jueces de La Haya desestimaron las impugnaciones al proceso, que se inició formalmente el 3 de noviembre de 2021, luego de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran en 2018 una denuncia ante el organismo judicial. El Gobierno no pudo demostrar que esos casos podían tener justicia en el país, lo que llevó incluso a que el TPI cerrara el año pasado su oficina en Caracas por falta de cooperación.