La nueva cúpula militar anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella desde Barranquilla asumirá el mando con una tarea que empieza por recuperar capacidades, aumentar las operaciones contra organizaciones armadas que crecieron durante los últimos cuatro años y afrontar cambios en las formas de operar de las estructuras criminales.
El escenario que reciben los nuevos comandantes quedó registrado, en parte, en el empalme del sector Defensa de 2026. Allí se calcula que el Ejército afronta un déficit presupuestal de $14 billones y se advierten problemas en inteligencia, movilidad aérea, mantenimiento y disponibilidad de equipos.
Para el mayor general (r) Guillermo León, presidente de Acore, ese punto marcará las primeras decisiones de la nueva línea de mando. “Recibe una institución con una reducción en sus capacidades, particularmente en temas de fuerza, que todavía no han sido solucionados”, explicó.
General Erik Rodríguez Aparicio, comandante del Comando Conjunto No2 Foto:Ejército Nacional de Colombia
Entre esas limitaciones ubicó “la disminución en las capacidades de inteligencia, de movilidad aérea” y la disponibilidad de equipos necesarios para incrementar el ritmo de las operaciones. A ello se suma, según señaló, una situación fiscal que restringe la posibilidad de recuperar esas capacidades en el corto plazo.
Las cifras permiten dimensionar el problema. De los 19 helicópteros MI-17, solo ocho aparecen operacionales. En el caso de los UH-60, 18 de las 49 aeronaves no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana también registra dificultades: de 386 aeronaves, 131 no están operacionales y el balance señala una disponibilidad para volar del 52 %.
Ese componente aéreo tiene relación directa con las operaciones terrestres. Los helicópteros permiten movilizar unidades, abastecer tropas, realizar evacuaciones y desplegar personal en zonas donde las distancias y las condiciones geográficas limitan la movilidad por tierra.
El mayor general José Betulio Soto Sánchez, nuevo comandante del Ejército. Foto:Cortesía
“El gran reto será aumentar la dinámica operacional en contra de los grupos, tratando de recuperar de manera rápida y pragmática capacidades con grandes limitaciones presupuestales”, sostuvo el general León.
Recuperar lo que está en tierra
Ante las restricciones fiscales, una de las primeras alternativas que identifica el presidente de Acore consiste en priorizar los recursos disponibles antes de iniciar procesos para adquirir nuevas plataformas. Su planteamiento apunta a realizar traslados presupuestales para financiar mantenimiento y repuestos de aeronaves que actualmente permanecen en tierra.
“Es una forma sencilla, sin comprar equipos, sin reemplazar equipos: es recuperar lo que en este momento se encuentra afectado por alistamiento”, señaló.
La segunda posibilidad estaría en la cooperación con Estados Unidos a través del denominado Plan Patriota 2.0. León considera que ese mecanismo podría utilizarse para recuperar capacidades helicoportadas, fortalecer entrenamiento y capacitación y restablecer cooperación en inteligencia e investigación criminal.
La unidad está conformada por tres batallones de Despliegue Rápido. Foto:Cortesía
El antecedente está en los recursos destinados durante el ‘Plan Colombia’ a las flotas de Black Hawk. Bajo ese modelo, explicó, una parte de una eventual cooperación podría dirigirse al mantenimiento de aeronaves UH-60 y a mejorar la movilidad de tropas para operaciones en diferentes regiones.
A ello se sumaría la reactivación de mecanismos internacionales de intercambio de información. El oficial retirado mencionó canales relacionados con inteligencia financiera, investigación criminal y cooperación con organismos como Ameripol y Europol, además del trabajo con países de la región, Estados Unidos, Reino Unido e Israel.
La ecuación que plantea es, entonces, de tres fuentes: ajustes y traslados dentro del presupuesto nacional, recursos provenientes de cooperación con Estados Unidos y fortalecimiento de los canales internacionales de inteligencia.
Integrantes del Ejército en un dispositivo de seguridad. Foto:Cortesía Ejército
Más integrantes y mayor presencia territorial
Recuperar capacidades ocurre al mismo tiempo que las Fuerzas Militares deben responder al crecimiento de las organizaciones armadas. Las cifras de la Fundación Ideas para la Paz recogidas en el documento de empalme indican que el Clan del Golfo pasó de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025. Su presencia territorial pasó de 145 municipios a alrededor de 310. El Eln habría pasado de aproximadamente 5.800 integrantes en 2022 a 6.800 en 2026, mientras el Estado Mayor Central aumentó de unos 3.500 a cerca de 4.500 integrantes.
Para César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, este crecimiento obliga a replantear prioridades. “La nueva cúpula tendrá que pensar en una nueva redimensión de sus compromisos y sus retos estratégicos”, señaló. Además, advirtió que los nuevos comandantes recibirán una criminalidad que amplió su capacidad territorial y modificó sus métodos. En ese escenario aparecen estructuras que combinan prácticas asociadas al conflicto armado con economías ilegales, redes criminales y utilización de tecnología.
“La nueva cúpula tendrá que enfrentarse a actores híbridos capaces, incluso, de operar con altas tecnologías, como lo hemos visto con drones”, explicó.
El uso de aeronaves no tripuladas ya ocupa un lugar en las operaciones. El empalme cuestiona, precisamente, las capacidades adquiridas dentro del proyecto Escudo Nacional Antidrones. Según los hallazgos allí citados, algunos sistemas registraron detecciones de 300 y 430 metros frente a requisitos mínimos de dos kilómetros, además de dificultades de identificación, georreferenciación e inhibición.
La respuesta frente a drones será uno de los asuntos que deberá incorporarse a la protección de bases, puestos de mando y unidades desplegadas, pero también a la planeación de operaciones en zonas donde los grupos armados utilizan estos dispositivos.
Vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, comandante de la Armada. Foto:Cortesía
La disputa vuelve al territorio
Otro de los desafíos estará en recuperar capacidad de control estatal en regiones donde los grupos armados aumentaron su presencia. Para Niño, la discusión no pasa exclusivamente por operaciones contra cabecillas o estructuras, sino por la capacidad institucional de permanecer en esos lugares.
Una de las tareas pendientes, explicó, es “la consolidación del territorio nacional y la forma de administrar la seguridad, hacer seguridad y proveer seguridad como bien público en las regiones más apartadas del país”. A este escenario, Niño agrega otro fenómeno: la violencia se ha desplazado hacia zonas periféricas y fronterizas, pero las organizaciones criminales también han construido redes que alcanzan centros urbanos. Esto obliga a coordinar la respuesta militar en las zonas de conflicto con el componente policial y de investigación criminal en las ciudades.
También aparece un factor que no se mide únicamente por número de operaciones: la relación del Estado con las comunidades. Según el profesor, algunos grupos han construido niveles de control y legitimidad local en determinados territorios, por lo que recuperar presencia implica mantener capacidades estatales y no solamente realizar intervenciones temporales.
Para Niño, además, el desafío trasciende las fronteras. Colombia tendrá que definir su posición en los mecanismos regionales e internacionales contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, en momentos en que varias de las estructuras que operan en territorio colombiano mantienen conexiones transnacionales.
Los panfletos aparecen en redes sociales y ruedan por zonas urbanas y rurales de esos municipios. Foto:Archivo EL TIEMPO
Según la profesora Adriana Márquez, experta en derecho policial, se esperan muchos retos con la nueva cúpula. Entre ellos, que mejore la seguridad en todo el territorio nacional, y que haya una mayor efectividad en el servicio castrense y en la administración de cada una de las fuerzas.
"Es una constante en las Fuerzas Militares el cambio de mando; eso puede impedir la continuidad de los procesos y procedimientos propios del servicio, más cuando se hace un giro de 180 grados. Aunque se esperan resultados positivos, factores endógenos y exógenos hacen que no se realicen de manera óptima y en los tiempos que la comunidad espera", anotó, y resaltó que debe haber una articulación interinstitucional con los ministerios del Interior y de Justicia, así como con la Fiscalía, para concretar mejores resultados de cara al país.
El general (r) Juan Carlos Buitrago advirtió que la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía tendrá como uno de sus primeros desafíos responder a las expectativas en materia de seguridad durante los primeros 100 días de gobierno.
“Para la nueva cúpula policial y militar, el reto es monumental. Con recursos escasos, una capacidad reducida y unos grupos criminales envalentonados, el clamor nacional para que se recupere la confianza y la seguridad en los primeros 100 días de gobierno no da espera. Los anuncios han sido sobredimensionados, por lo que ya es hora de entregar resultados. No es solo un asunto de actitud y carácter, también de agilidad y gestión efectiva que demuestre logros contundentes. No hay tiempo ni espacio para permitir que criminales y terroristas se reacomoden y actúen al ritmo y antes de la Fuerza Pública. El desafío es avanzar con iniciativa y a la vanguardia del crimen organizado y del terrorismo”, señaló Buitrago.
El oficial retirado también puso el foco sobre el alcance que deberá tener el denominado ‘Plan Patriota 2.0’ y planteó que su ejecución tendrá que superar la lógica de operaciones concentradas únicamente en capturas, bajas o despliegue de uniformados. “El Plan Patriota 2.0 no puede quedarse en una larga espera de planeamiento o en solo presencia militar y policial. Tampoco en ruedas de prensa presentando capturas o bajas de cabecillas. Tiene que ir más allá de lo que ha sido imposible por décadas: el control institucional del territorio y la sustitución de las economías ilícitas”, sostuvo el general en retiro.
Redacción Justicia