En un exclusivo centro comercial en El Poblado, en Medellín, se reunieron en junio de 2025 tres cabecillas de una poderosa organización narcotraficante que tenía laboratorios de cocaína en un sector de Doradal, en Puerto Triunfo (Antioquia), controlado por el ‘clan del Golfo’.
Uno de los asistentes al encuentro le confesó a un investigador que ese día escucharon un audio que alguien les filtró con los nombres de al menos 10 mafiosos que estaban en la mira de la Fiscalía.
LEA TAMBIÉN
El prófugo y la USB
Uno de los predios incautados a la organización 'Los del Dorado' Foto:Fiscalía
Con ese testimonio, agentes del FBI y oficiales de inteligencia colombianos descubrieron que se inició una operación multimillonaria de transferencia de bienes –avaluados en más de 22.000 millones de pesos–, para que no fueran incautados.
Este es el mismo caso al que hizo referencia el pasado martes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según el mandatario, durante 13 meses, investigadores rastrearon el patrimonio de los capos de la organización conocida como ‘los del Dorado’ y alcanzaron a incautar 44 bienes en Antioquia, Boyacá, Santander y Caquetá.
Según el expediente, la organización obtenía pasta de base de coca en Nariño, que movían hasta laboratorios clandestinos en Puerto Triunfo y que llevaban, ya procesada, hasta la costa Caribe en camiones de ganado y material de construcción. De allí, era enviada por mar hacia Estados Unidos y Centroamérica.
Aunque no se dieron ni nombres ni mayores datos del caso, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció en primicia el nombre del cabecilla que se convirtió en informante, el listado de bienes incautados y las identidades de los líderes de ‘los del Dorado’.
LEA TAMBIÉN
La fortuna incautada
Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo. Foto:Archivo particular
La fortuna incautada está ligada a Edilson Palacio Orjuela, alias Calvo, y líder de la organización; Olfer Rodríguez Vanegas, alias Olfer; Orlay Sánchez Rojas, alias Negrito; Jesús María Daza Cifuentes, alias Mono Chucho; y Eisar Yulian Monsalve González, alias Yulian.
Este último se convirtió en pieza clave del caso cuando su apoderado envió un derecho de petición a la Fiscalía, en agosto de 2025, en el que señalaba que, a través de una fuente, se había enterado de la investigación contra la organización y solicitaba que no se profirieran órdenes de captura ni allanamientos en contra de alias Yulian.
Esa solicitud confirmó la filtración y aceleró el operativo. Sin embargo, alias Yulian logró escabullirse y hoy es prófugo.
La sorpresa es que alias el Calvo y Olfer, jefes de la organización, se sometieron a interrogatorios en busca de un preacuerdo. Y en este no solo terminaron hablando sobre la reunión en el centro comercial de El Poblado, sino que, además, admitieron que pagaron a funcionarios para acceder a información reservada.
LEA TAMBIÉN
‘Terror’ y la estación
Oliverio Isaza, alias Terror Foto:Archivo particular
Los capos dijeron que alias Yulian les puso audios de una abogada que aseguraba tener contactos en la Fiscalía y que decía que sus capturas eran inminentes.
EL TIEMPO omite el nombre de la profesional, que está siendo buscada.
“Decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación. Alias Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestra donde estaba el nombre ‘Olfer’ en un documento junto con más o menos diez personas. Alcancé a leer que estaba ‘Olfer’, ‘Yulian’, ‘Mono’ ‘Chucho’, el ‘Calvo’, ‘Calero’ y otros que no recuerdo. Ese documento tenía el logo de la Fiscalía”, contó uno de los capos.
Y aseguraron que un exfuncionario de la Policía les ofreció acceso a la carpeta investigativa a cambio de 12 millones de pesos. De hecho, alias el Calvo dijo que el expolicía les entregó una USB con información sobre el operativo en su contra.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO estableció que, a partir de los rastreos a los capos, se determinó que los laboratorios de cocaína en Puerto Triunfo estaban en zona de influencia del ‘clan del Golfo’ y específicamente con Oliverio Isaza Gómez, alias Terror, quien murió en un operativo de las Fuerzas Militares en febrero de 2025.
LEA TAMBIÉN
Pagos en efectivo
Apartes del documento donde mencionan las gestiones de la abogada. Foto:EL TIEMPO
En el expediente hay evidencia de que los capos le pagaban a ‘Terror’ para obtener autorizaciones de ingreso a la zona, garantizar la seguridad de los laboratorios de cocaína y facilitar el cargue de la cocaína.
“En interceptaciones a las comunicaciones de miembros de la red quedó registrado que los pagos se hacían en efectivo y, en algunos casos, a través de la entrega de bienes, incluyendo vehículos de alta gama”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.
De hecho, este diario tuvo acceso al contenido de algunas de las interceptaciones en las que se hablaba del pago de deudas y la transferencia de bienes.
En febrero de 2020, Edilson Palacio, alias el Calvo, habló con otro miembro de la red sobre la incautación de 736 kilos de cocaína escondidos en un camión saliendo de Puerto Triunfo. Aseguraba que un jefe de la organización los estaba presionando y que Orlay Sánchez, alias Negrito, tendría que cubrir la deuda por la mercancía perdida, por lo que terminó vendiéndole una estación de servicio en Florencia (Caquetá), en un lote de más de 2.000 metros cuadrados, a una allegada de el ‘Calvo’.
LEA TAMBIÉN
La lista de bienes
Una de las estaciones de gasolina incautadas a 'Los del Dorado'. Foto:Archivo particular
Esa estación de servicio aparece entre los bienes incautados. Tiene un valor comercial de 4.000 millones de pesos, pero pagaron 156 millones de pesos.
Lo que llama la atención es que, mientras el ‘Calvo’ figuraba en el Sisbén, en el rango de pobreza extrema, viajó a España, República Dominicana, Panamá, Ecuador y México.
Otros bienes ligados a el ‘Calvo’, hoy sujetos a medidas cautelares de extinción de dominio, aparecen: una casa en Puerto Boyacá (Boyacá) y dos locales en el edificio Velásquez, que fueron transferidos a un tercero un mes después de que el cabecilla fue capturado. Además, un apartamento de 156 metros cuadrados en el piso 13 del edificio Santorini, en Envigado (Antioquia), con un valor comercial de 1.200 millones de pesos.
Y a alias Olfer, el otro líder de la organización, le incautaron una casa en Puerto Boyacá y siete lotes en la vereda Sacamujeres, así como otro predio de una hectárea en el mismo sector, en la hacienda Sortilegio.
En el centro de ese municipio, a ‘Olfer’ y sus allegados les incautaron un apartamento, y otro más en el barrio Laureles de Medellín, de 900 millones de pesos.
LEA TAMBIÉN
’La Aurora'
Predio incautado a 'Los del Dorado'. Foto:Archivo particular
A Orlay Sánchez, alias el Negrito, y sus allegados, les incautaron un lote de 39 hectáreas en La Montañita (Caquetá), así como el predio ‘El Besubio’.
En ese sector también se le impusieron medidas cautelares a otro predio llamado ‘La Aurora’, de 103 hectáreas, y ‘Los Laures’, en el municipio de El Puajil. Y a alias Yulian le aparecen lotes en El Doradal (Antioquia).
A Jesús Daza, alias Mono Chucho, y sus allegados, les fueron incautados un lote en el municipio de Sonsón (Antioquia) y un predio llamado ‘La Albania’, en Cimitarra (Santander), de 128 hectáreas, que tenía un valor comercial de 1.925 millones de pesos. Además, la finca ‘La Venada’, en Cimitarra (Santander), de 102 hectáreas, que tenía un valor comercial de 2.477 millones de pesos.
LEA TAMBIÉN
’Un nuevo propósito'
Diana Patricia Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto:SAE
En Medellín, se incautó el Grupo Empresarial S&G SAS, ligado a el ‘Negrito’, dedicado a actividades inmobiliarias.
"Todo bien incautado como resultado de la lucha contra las organizaciones criminales, tiene un nuevo propósito y una oportunidad, para que estos activos dejen de estar al servicio del crimen y pasen a servirle a la sociedad y al fortalecimiento del estado. Con la gestión transparente y accionando contra cualquier viso de corrupción los activos incautados no permanecerán al servicio de los intereses económicos ilegales, y se encaminarán en favor de la sociedad y el estado", le aseguró Diana Patricia Bravo, nueva presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que también participó en los operativos de extinción de dominio, a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.
El FBI ya sabe quién fue la abogada y el expolicía filtradores de información, y ahora ambos son los nuevos objetivos de agentes de inteligencia.
UNIDAD INVESTIGATIVA
@UinvestigativaET
Síganos ahora en Facebook