
El pasado 28 de octubre, en la votación en la ONU sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba, la Unión Europea se presentó dividida por primera vez en décadas. De la habitual unanimidad al respecto, el bloque pasó a que solo 14 de sus integrantes apoyaran al régimen de La Habana, en un gesto de decreta el fin de la ficción de la política común hacia el castrismo.
La abstención coordinada de potencias de peso diplomático y económico como Alemania, Italia y los Países Bajos —junto a Polonia, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Estonia, Letonia y Croacia— marca un punto de inflexión. Mientras que los votos en contra de Hungría, República Checa, Lituania y Eslovenia ponen en tela de juicio la continuidad del ya desgastado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC).
Tres políticas europeas hacia el régimen
Para la activista cubana Carolina Barrero, la trascendencia de lo ocurrido en Nueva York radica en la ruptura definitiva del consenso europeo sobre La Habana.
"El dato central es que la Unión Europea ha perdido el voto común sobre Cuba", señala. "Eso tiene una consecuencia directa sobre el ADPC, porque el acuerdo se sostiene sobre una ficción: que existe una política europea hacia Cuba. Lo que la votación demuestra es que hay tres", apunta.
Barrero subraya que las razones expuestas por las delegaciones europeas en el foro multilateral coinciden plenamente con los señalamientos formulados por el Parlamento Europeo en su resolución del pasado 18 de junio, en la que solicitó la suspensión del ADPC y sanciones directas contra Miguel Díaz-Canel y la cúpula de GAESA.
Entre las causas principales, dijo, destacan "los presos políticos, la ausencia de reformas y el alineamiento de Cuba con la guerra de agresión rusa, incluido el reclutamiento de cubanos para las fuerzas rusas y el voto cubano contra el alto el fuego en Ucrania".
"Lo que en junio era una posición del Parlamento es en octubre la posición de media UE, expresada en un foro donde ha prevalecido la inercia de un consenso que apoyaba a la propaganda del régimen casi sin cuestionamiento por décadas", enfatiza la activista.
Hastío en las cancillerías
Por su parte, Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), coincide en que los resultados en la ONU reflejan un claro agotamiento diplomático en las cancillerías europeas.
"La mayoría de los estados miembro de la UE están cansados de que el régimen cubano se burle de ellos. Los votos en contra, las abstenciones e incluso las contundentes críticas que expresaron posteriormente algunas de las representaciones que votaron a favor de la resolución reflejan el hastío europeo con respecto a La Habana", asegura.
Sin embargo, Cires advierte sobre la cautela habitual con la que se mueven las diplomacias del bloque. "Los gobiernos europeos no son partidarios de giros diplomáticos bruscos. Por eso, aunque esto constituye una clara señal de alerta, no creo que vaya a tener consecuencias directas en la continuidad del acuerdo; entre otras razones, porque algunos consideran que mantener dicho marco facilita el diálogo con el régimen o permite conservar cierto margen de influencia. Creo que es una lectura errónea, pero comprensible".
Asimismo, Cires remarca que, visto el giro en las tornas políticas europeas, "habría que atribuirle mayor importancia al resultado de las próximas elecciones españolas y de cómo quede configurado el poder".
A pesar de estos matices, ambos analistas coinciden en que la posición oficial expresada en la ONU abre una oportunidad para que la sociedad civil y el exilio exijan cuentas a las instituciones europeas, especialmente en lo relativo al envío de fondos y programas de cooperación.
¿Cómo aprovechar el momento?
Al abordar cómo la sociedad civil cubana puede aprovechar esta coyuntura, Barrero sostiene que el escenario actual ofrece una clara ventaja estratégica: "Ya no hay que convencer a los gobiernos europeos de nada que no hayan dicho ellos mismos. Las explicaciones de voto están en el acta".
La activista recuerda que países como Italia condicionaron cualquier alivio a reformas políticas y a la liberación de los presos políticos, mientras Portugal condenó "la represión sistemática".
"Nuestro trabajo consiste en tomar esos criterios, que son públicos y oficiales, y llevarlos de vuelta a cada capital como un compromiso que debe cumplirse, no como una aspiración", concluye.
En esa misma línea, Cires remarca la urgencia de incidir sobre el destino de los recursos financieros de la UE. "Es necesario tocar las puertas de estos gobiernos, tomarles la palabra y pedirles apoyo explícito para una alternativa democrática", señala.
En tal sentido, concluye: "Condicionar el financiamiento resulta fundamental. Es absurdo seguir enviando millones de euros a un régimen que durante décadas ha promovido políticas a nivel internacional que van en detrimento, no solo de las libertades y los derechos humanos, sino también de los propios intereses estratégicos de Europa".
