Yotin Pérez | Foto: Fuente externa
En los últimos días, varios medios de comunicación han vuelto a colocar a la cesárea en el centro del debate nacional. Los titulares se apoyan en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), que revelan que el 68.2 % de los nacimientos en la República Dominicana ocurre mediante cesárea y que, en el sector privado, esa proporción alcanza el 87.9 %.cesárea
Las cifras preocupan. Deben preocuparnos.
Pero también deberían invitarnos a hacer una reflexión más profunda. Porque, al leer muchos de esos titulares, pareciera que existe un único responsable de esta realidad: el médico obstetra.
Y esa conclusión, además de injusta, es insuficiente.
La cesárea no es el resultado de una decisión aislada tomada dentro de un quirófano. Es el producto de un sistema de salud, de políticas públicas, de factores culturales, de expectativas sociales, de modelos de atención, de incentivos institucionales y, por supuesto, de decisiones médicas.
La responsabilidad, por tanto, es compartida.
El médico obstetra tiene una responsabilidad ética y profesional incuestionable. Cada cesárea debe estar sustentada en una indicación clínica, en la mejor evidencia científica disponible y en el compromiso de ofrecer la opción más segura para la madre y su hijo. Nadie pretende minimizar esa responsabilidad. Sin embargo, tampoco podemos convertir al obstetra en el único responsable de un indicador que depende de muchos otros factores.
El Estado tiene una enorme cuota de responsabilidad. Durante años hemos carecido de una política nacional robusta para promover el parto vaginal seguro y reducir las cesáreas innecesarias. No basta con publicar estadísticas; es necesario desarrollar estrategias nacionales, invertir en educación, fortalecer la atención prenatal y medir la calidad de la atención obstétrica de forma permanente.
El Ministerio de Salud Pública está llamado a liderar ese proceso. Debe impulsar protocolos nacionales basados en evidencia, promover auditorías clínicas, fortalecer la capacitación continua y coordinar políticas públicas que trasciendan los cambios de gestión. Un problema de esta magnitud no se resuelve con titulares; se resuelve con planificación y liderazgo.
El Servicio Nacional de Salud también tiene un papel determinante. Promover el parto vaginal requiere maternidades con personal suficiente, infraestructura adecuada, protocolos actualizados, capacidad de monitoreo fetal, disponibilidad de recursos y condiciones que permitan acompañar un trabajo de parto seguro, oportuno y humanizado. Cuando esas condiciones no existen, el margen de decisión clínica también cambia.
Las clínicas privadas tampoco pueden quedar fuera de esta discusión. Sus modelos de organización, la disponibilidad de personal las 24 horas, la forma en que se estructuran los servicios y sus propios sistemas de evaluación de calidad pueden influir en la práctica obstétrica. Revisar indicadores, comparar resultados y promover auditorías internas debería formar parte de un compromiso permanente con la excelencia.
Pero hay otro actor del que pocas veces se habla: la propia sociedad.
Cada vez es más frecuente encontrar mujeres que solicitan una cesárea desde las primeras consultas prenatales. Algunas temen al dolor; otras han escuchado relatos negativos sobre el parto vaginal; muchas reciben información incompleta o falsa a través de las redes sociales. En ocasiones, son la pareja o la familia quienes promueven la cesárea como una opción más conveniente, aun cuando no exista una indicación médica.
Las familias también influyen en la cultura del nacimiento. Todos hemos escuchado frases como: “mejor prográmalo”, “para qué vas a sufrir” o “la cesárea es más segura”. Esas creencias, repetidas durante años, terminan condicionando decisiones que deberían estar basadas en información científica y no en mitos.
Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante. Informar sobre las cifras nacionales es necesario, pero el debate no puede reducirse a buscar culpables. Un problema de salud pública merece contexto, análisis y propuestas. La información debe ayudar a comprender la complejidad del fenómeno y no alimentar la idea de que todo depende de la voluntad de un solo profesional.
Tampoco podemos olvidar que la cesárea representa uno de los mayores avances de la medicina moderna. Gracias a ella, millones de mujeres y recién nacidos han sobrevivido a complicaciones que hace apenas unas décadas eran causa frecuente de muerte. El objetivo nunca debe ser reducir las cesáreas por cumplir una meta estadística. El verdadero objetivo debe ser garantizar que toda mujer reciba una cesárea cuando realmente la necesita y evitar que se practique cuando no aporta un beneficio para la madre o el bebé.
Reducir las cesáreas innecesarias exige educación desde el inicio del embarazo, preparación para el parto, auditorías clínicas, evaluación de resultados mediante herramientas como la clasificación de Robson, mejores condiciones para los equipos obstétricos, transparencia en los indicadores y políticas públicas sostenidas que promuevan una atención basada en evidencia.
Este no debe ser un debate entre médicos y pacientes, entre hospitales públicos y clínicas privadas, ni entre autoridades y sociedades médicas. Debe convertirse en un compromiso nacional donde cada actor reconozca el papel que le corresponde.
Porque los grandes problemas de salud pública rara vez tienen un único responsable. Por eso, cuando elegimos un solo culpable, casi siempre nos alejamos de la verdadera solución.
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