Un esquema de corrupción institucionalizado opera dentro del sistema de salud y pensiones de la República Dominicana, según denunció Elías Báez, director general de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
La estructura, controlada por sectores corporativos a los que calificó como "tigueres", ha convertido los fondos destinados a la salud de la ciudadanía en un botín financiero que prioriza el enriquecimiento por encima de la atención médica.
La operativa de esta red mafiosa se ejecuta principalmente a través de la manipulación de los medicamentos de alto costo.
A pesar de que las normativas del Consejo Nacional de la Seguridad Social disponen que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben comprar los fármacos en conjunto con la dirección estatal correspondiente para obtener descuentos de hasta un 70%, las entidades prefieren adquirir los productos de forma individual a precios elevados (como fármacos tasados en 400,000 pesos).
Sobre estos costos, relató en un programa radial que aplican márgenes adicionales de ganancia que facturan directamente a las cuentas de los afiliados, agotando de manera deliberada los límites anuales de cobertura de los pacientes en pocos procesos.
Asimismo, denunció que clínicas privadas y centros médicos se oponen a la implementación de este nivel preventivo porque un modelo enfocado en la salud y en la corrección temprana de patologías —como cambiar hábitos de vida en pacientes prediabéticos— reduce drásticamente la cantidad de enfermos crónicos.
Al obstaculizar la prevención, el sector médico y farmacéutico asegura un flujo constante de pacientes cautivos que dependen de medicamentos y consultas de alto valor comercial.
De igual modo, precisó que el control de las decisiones está blindado por un conflicto de intereses estructural en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el cual se encuentra integrado por los propios dueños de clínicas, bancos, ARS y AFP.
Explicó que cuando el organismo emite resoluciones para regular tarifas o frenar cobros excesivos por parte de los profesionales de la salud, los sectores implicados utilizan su capacidad de veto para sepultar cualquier medida que favorezca al usuario.
Elías Báez detalló que a esto se suman las irregularidades operativas en las farmacias, las cuales se niegan a entregar copias de recetas cuando un medicamento no está disponible, forzando al afiliado a pagar en efectivo para desviar liquidez hacia sus cajas, así como la retención histórica de miles de millones de pesos en fondos de pensiones de trabajadores cesantes o fallecidos que las Administradoras de Fondos de Pensiones mantenían sin notificar a los familiares hasta que la presión institucional obligó a su fiscalización.