Frederick Ferreras y la diputada Anny Mambrú. (Foto: fuente externa)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Frederick Ferreras, especialista en derecho de familia y protección de la niñez, manifestó su respaldo a la iniciativa legislativa presentada por la diputada Anny Mambrú, que solicita al Poder Ejecutivo habilitar una Unidad de Intervención en Crisis de Salud Mental Infanto-Juvenil en el municipio Santo Domingo Este.
Ferreras calificó la propuesta como un paso fundamental para fortalecer el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al considerar que la salud mental constituye un componente esencial de su desarrollo integral.
“Como profesional del derecho, veo diariamente las dificultades que enfrentan las familias cuando, ante una crisis de salud mental, no encuentran un espacio especializado que garantice el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de sus hijos”, afirmó.
El jurista sostuvo que la creación de esta unidad en Santo Domingo Este responde a la alta densidad poblacional del municipio y a la necesidad de ampliar los servicios públicos especializados para menores de edad. A su juicio, contar con un espacio de intervención en crisis permitiría ofrecer atención oportuna, reducir situaciones de vulnerabilidad y brindar apoyo a las familias.
Ferreras destacó además la labor de la diputada Anny Mambrú, al considerar que su experiencia como profesional de la salud y su función legislativa reflejan un compromiso con el bienestar de la población. En ese sentido, llamó al Ministerio de Salud Pública y al Servicio Nacional de Salud a valorar la propuesta y darle seguimiento con la celeridad que requiere.
El abogado también señaló que la iniciativa debe ser analizada desde la perspectiva de la protección integral de la niñez y del principio del interés superior del niño, consagrado en la Constitución dominicana y en la Ley 136-03.
Finalmente, Ferreras exhortó a las autoridades y a la sociedad civil a colocar la salud mental infanto-juvenil entre las prioridades de la agenda pública, al considerar que garantizar atención especializada y oportuna contribuye a proteger la vida, la dignidad y el futuro de niños, niñas y adolescentes.
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