Ministerio de la Mujer sostiene que proyecto de Ley Mirabal no limita la libertad religiosa ni redefine el feminicidio

Santo Domingo.– El Ministerio de la Mujer llamó a promover un debate informado y responsable sobre el proyecto de Ley Mirabal y sostuvo que la iniciativa no limita la libertad religiosa ni introduce una nueva definición del delito de feminicidio, ante los cuestionamientos surgidos sobre algunas de sus disposiciones.

Según la institución, la propuesta busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres mediante mecanismos de prevención, protección, atención, reparación y seguimiento institucional. Explicó que su propósito es facilitar la atención oportuna de las denuncias e identificar fallas que puedan poner en riesgo a las víctimas.

Sobre la libertad religiosa, el Ministerio señaló que el artículo 9, numeral 17, plantea que ninguna costumbre, tradición, creencia o consideración religiosa puede utilizarse para justificar, tolerar o minimizar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con su interpretación, esta disposición no prohíbe las creencias ni sanciona a las personas por sus convicciones, sino que busca evitar que estas se invoquen para obstaculizar la protección de las víctimas.

En cuanto al feminicidio, indicó que el artículo 106 remite la sanción de ese delito y sus modalidades al Código Penal. Por ello, sostuvo que la propuesta no establece en ese artículo una definición nueva ni un régimen de penas distinto, sino que procura reforzar la atención a las víctimas indirectas, especialmente a los hijos e hijas que quedan en la orfandad.

La entidad explicó que entre las medidas propuestas figuran la incorporación de niños, niñas y adolescentes a programas de atención, la asistencia legal gratuita para determinadas reclamaciones y la revisión institucional de los casos para identificar posibles fallas. También mencionó disposiciones relacionadas con los derechos sucesorales, la conservación de bienes y la protección de los hijos e hijas.

Respecto a la perspectiva de género, el Ministerio afirmó que su incorporación en la actuación institucional permitiría reconocer relaciones desiguales de poder y estereotipos que pueden contribuir a la violencia. Aclaró que, desde su planteamiento, este enfoque busca mejorar la evaluación del riesgo y la respuesta de las autoridades.

Asimismo, señaló que el artículo 91 propone que la retractación de la víctima no extinga por sí sola la acción penal ni determine automáticamente el archivo del caso. Según explicó, la medida pretende evitar que las amenazas, la dependencia económica o las presiones familiares provoquen el abandono de una investigación, cuya continuidad deberá sustentarse en las pruebas y las garantías del debido proceso.

El organismo también vinculó la iniciativa con los artículos 39 y 42 de la Constitución, relativos a la igualdad y la integridad personal. A su juicio, ambas disposiciones sustentan la adopción de mecanismos para prevenir la violencia de género y proteger a las mujeres.

Finalmente, destacó que la propuesta recoge aportes legislativos de más de una década e incluye medidas dirigidas a mujeres que enfrentan barreras económicas, sociales o territoriales, así como a niñas y adolescentes expuestas a uniones tempranas y forzadas.